La cinta denuncia un caso de corrupción y torturas ocurrido en Barcelona en 2006.
Xapo Ortega, codirector de la película Ciudad muerta, dijo ayer que el Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, es “un espacio con sensibilidad hacia los temas sociales donde caben trabajos como los nuestros, que, dada su naturaleza, no los vamos a encontrar en salas comerciales ni por supuesto en televisión”. La cinta denuncia un grave caso de corrupción policial y torturas ocurrido en Barcelona en 2006 y que ha sido silenciado durante años por parte de la clase política e incluso de la judicatura, aseguró Ortega.
El documental compite en la VIII edición del Festival isorano dentro de la competición nacional y fue rodado durante un año y medio por el propio Ortega y por Xavier Artigas, que buscaban con la producción de este trabajo sacar a la luz un caso de torturas y persecución policial en medio de una sociedad democrática occidental; algo que, según ellos, pasa desapercibido pero no por ello deja de ocurrir.
“Esta película habla de la tortura, de esa tortura que pensamos que pasa lejos”, dijo Ortega tras uno de los pases de su película, que fue proyectada en dos ocasiones a lo largo de esta semana en el auditorio de Guía de Isora. “La tortura es una de esas cosas que nos dicen que ocurren fuera de las fronteras de la democracia avanzada, fuera de Europa, pero en realidad es habitual que pase aquí cerca, aunque nos digan que no. Esta película habla de uno de los casos en los que ocurre aquí”.
El documental narra unos hechos acaecidos en Barcelona en 2006, que han sido denominados como el 4-F y en los que cuatro personas –tres ciudadanos sudamericanos y la española Patricia Heras, que acabó suicidándose– fueron acusadas de intento de homicidio de un guardia urbano y condenadas por un delito que, según Ortega, no habían cometido. La corrupción en este caso llegó hasta el mismo alcalde de Barcelona, en aquel entonces Joan Clos, y a la judicatura, pues una jueza –añade el codirector– rechazó durante el juicio todas las pruebas de la defensa.
Ortega confiesa que su actividad cinematográfica está vinculada directamente a su condición de activista social. De hecho, la idea de rodar este documental surgió del seno de la comisión del 15-M de Barcelona, que ha producido otros 400 vídeos de menor duración con denuncias sociales. Para el desarrollo del proyecto, Ortega y Artigas recurrieron a la financiación colectiva a través de la plataforma Verkami, con la que consiguieron 4.700 euros que les sirvieron para empezar a grabar. Precisamente por esta circunstancia, los directores tienen la intención de liberar en los próximos meses la licencia de la película con el fin de que pueda ser visionada y distribuida sin ningún tipo de limitación ni contraprestación económica.